El Organismo de Investigación Judicial realizó seis allanamientos por supuestos casos de corrupción relacionados con la Ruta 1856, en frontera norte.

Entre los sitios allanados estaban, la vivienda de Miguel Ramírez, inspector de CONAVI, en San Rafael de Heredia; la empresa CACISA, responsable de la fiscalización de la ruta paralela al San Juan, y la casa de otro funcionario del Consejo Nacional de Vialidad en San Francisco de Dos Ríos.

Hace aproximadamente semana y media estos dos funcionarios fueron denunciados por el ex ministro de transporte Francisco Jiménez, tras la denuncia fueron separados de su cargo, mientras el MOPT suspendió contratos para obras de la trocha, sin embargo, las empresas se mantienen como proveedoras de la institución.

Francisco Chacón, ministro de comunicación, explicó que esto se veía venir y que si otros funcionarios están implicados pagarán.

La ruta paralela al río San Juan, calificada por la presidenta Laura Chinchilla como una de las obras más importantes de este Gobierno, es supervisada por la empresa CACISA, que también fiscaliza la ruta a Caldera.

También se dio a conocer que la Presidencia de la República ordenó separar de su puesto a Carlos Acosta, quien fuera coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos del BID y hasta hace pocos días director del Consejo Nacional de Vialidad.